Por David Pike Lizárraga
Este miércoles en la sesión de Diputados podría tratarse el proyecto de ley que declara a la educación como “servicio esencial estratégico” modificando la Ley Nacional de Educación y limitando el derecho a huelga de los docentes. Un nuevo intento tras ser declarado inconstitucional el capítulo de reforma laboral del decreto 70 dictado por Milei en el inicio de su gobierno y que declaraba a la educación como esencial.
Según el proyecto presentado por Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO y ex ministro de educación de Macri, las escuelas de educación obligatoria de todos los niveles educativos deberán garantizar guardias mínimas los días de paro docente y no docente. Los primeros dos días de huelga con un 30% del personal presentes y los siguientes días con un 50 % del total de directivos, docente y no docente.
El proyecto cuenta con el apoyo de la bancada impulsora del PRO, los radicales y el oficialismo libertario. Se conoce también el apoyo de algunos legisladores de Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto. Desde la izquierda y el peronismo rechazan el proyecto, estos últimos presentaron un dictamen de minoría firmado por el presidente de la bancada de Unión por la Patria, German Martínez y los diputados Hugo Yasky, Itai Hagman, Paula Penacca, Roxana Monzón, entre otros.
El dictamen de rechazo refuerza su fundamentación afirmando que el propósito de declarar a la educación como servicio esencial, ya ha sido declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) y ratificado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). "En fecha 22 de noviembre de 2002, la Sala II de la CNAT dictó sentencia definitiva confirmando el fallo emitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 2 de la Capital Federal ... juicio en el que se reclamó y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad del decreto 843/2000 dictado por el gobierno de De La Rúa". Y continúa, "el fallo en cuestión dictado por la Sala II de la CNAT fue ratificado por la CSJ".
La inconstitucionalidad del proyecto de Finocchiaro será el argumento principal de los opositores para forzar su rechazo. Los legisladores opositores y los gremios docentes afirman que al limitar el derecho a huelga, el proyecto entra en contradicción con los Tratados Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con rango constitucional. "Es evidente que la normativa nacional debe respetar y encontrarse en línea con la legislación internacional en materia de convenios y recomendaciones de la OIT", afirma el dictamen de rechazo y aclara que "la actividad educativa, en modo alguno podrían poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en caso de ser interrumpidos, con el objeto de restringir severamente el derecho de huelga al imponer servicios mínimos de funcionamiento".
Rechazo de CTERA y todos los gremios docentes
Los gremios docentes rechazan el proyecto y convocaron a la puerta del Congreso este miércoles a las 11 horas para protestar. Entre ellos CTERA, el Frente Gremial Docente de la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA) y el porteño Ademys (que a la convocatoria le sumará un paro).
“De manera engañosa plantean la idea de la esencialidad de la educación, pero el verdadero y único objetivo del proyecto es cercenar el derecho a la protesta social”, afirma la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso en una nota de su autoría publicada en Tiempo Argentino. Alesso detalla sobre el ajuste del gobierno nacional en educación: "quita del FONID, baja de los salarios docentes y constante pérdida del poder adquisitivo, interrupción de los programas nacionales como la entrega de libros y computadoras, suspensión de envío de fondos para comedores escolares, copa de leche y obras de infraestructura, impuesto a las ganancias, reformas jubilatorias".
Los cuatro gremios de la CGT declararon como “persona no grata en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras docentes” al autor del proyecto, Alejandro Finocchiaro. Y anunciaron que realizarán “las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional, y limita el derecho de huelga".
Los gremios coinciden en que lejos de que la esencialidad educativa resulte en aumento presupuestario o demás recursos para mejorar la calidad de la enseñanza, solo busca limitar el alcance de los paros docentes para que estos no puedan defender sus derechos y el poder adquisitivo de sus salarios.