La comunidad universitaria anunció su plan de lucha para la semana que viene en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Senado y de la cual se espera un inminente veto de Milei. Habrá jornadas de visibilización, paros y movilizaciones.
El jueves 12 de septiembre el Senado de la Nación sancionó la Ley de Financiamiento Universitario cuyo objetivo, entre otras cosas, es recomponer el salario de las y los docentes universitarios e incrementar el presupuesto para las universidades. La ley fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en el Senado; mientras que en Diputados obtuvo 143 votos a favor, 77 en contra y también una abstención.
Tal como lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria, Milei ya había advertido que vetaría la ley en caso de que fuera sancionada, desestimando el Poder Legislativo. Desde el día de la sanción, el Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para hacer efectivo el veto. "Cuando la ley llegue inmediatamente va a ser vetada y publicada la firma del veto", había respondido el vocero presidencial Manuel Adorni ante la pregunta sobre el tema.
En rechazo a esta medida, el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió por unanimidad convocar a jornadas de protesta y visibilización del conflicto gremial por el salario y en defensa de la universidad pública entre el 23 y el 25 de septiembre. Además, llevarán a cabo una huelga de 48 hs los días 26 y 27 de septiembre. Y, a su vez, convocaron a una movilización nacional que se espera masiva para el 2 de octubre, acompañada con una gran huelga general. El personal no docente de las universidades también adhirió a las medidas de fuerza.
"Es importante la decisión de los docentes expresada en el plenario de no bajar los brazos y responder con contundencia a las provocaciones de un presidente que gobierna por decreto y a través de vetos y a sus intenciones de destruir la universidad pública", expresó este jueves en un comunicado Carlos De Feo, secretario general de CONADU.
Financiamiento universitario
En caso de que la ley se mantenga vigente, es decir que el Ejecutivo no avance con el veto, la medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otro lado, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) están pidiendo alrededor de $7,2 billones para que las casas de altos estudios continúen funcionando. No obstante, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones, que no sólo es casi la mitad de lo solicitado por el CIN, sino que viene acompañado con un esquema de auditorías que habilita al Ministerio de Capital Humano a suspender las transferencias en caso de considerarlo.
Todo esto se da en un contexto en el que según el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, los salarios de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre un 35 y un 55% de su poder adquisitivo en los últimos ocho meses; sumado a que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero.