El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ordenó cerrar ocho Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicados en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Dichos centros funcionaban como espacios de atención legal gratuita para la población, y representan la mitad de los que existen actualmente en la Ciudad.
De acuerdo a un relevamiento de la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ), los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad y seis de ellos estaban entre los diez más requeridos de la ciudad. En el 2023 recibieron 19394 consultas.
"Comenzaron cerrando los CAJ en las villas, en los lugares más vulnerables de la sociedad", explica Paola Pedroncini, delegada general de ATE del Ministerio de Justicia, a Página12, y advierte: "Es el comienzo de una destrucción de las políticas públicas", en referencia también a los cierres que vienen sufriendo otros sectores como los de derechos humanos y los vinculados a políticas de género.
La ACIJ, el CELS y la organización de Curas Villeros, entre otras, firmaron un documento de repudio a la medida del ministro. Allí, detallan que la decisión no fue informada por medios oficiales, sino que las y los trabajadores recibieron un correo electrónico con sus despidos y al otro día otro comunicando el cierre de los centros.
Destacan, también, que todos los centros cerrados tienen en común estar ubicados en las zonas más vulnerables de la Ciudad. Hoy, la Villa 21/24, la 15 y la 20, Villa Soldati, dos sectores del Barrio Padre Mugica, el barrio Padre Ricciardelli y el Mitre se quedaron sin acceso a la justicia.
“En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones”, expresan en el comunicado.
Desde ATE - Acceso a la Justicia advirtieron que "las agendas de mediaciones que estaban llenas hasta fines de septiembre se han ido al traste, los seguimientos de casos de violencia de género se han visto truncados, las vecinas que se acercaban por casos de violación ahora se quedan sin un lugar donde acudir y muchos consultantes pierden el acceso a la psicóloga del CAJ y no podrán hablar con la trabajadora social que los asistía".
Ministerio de (in)Justicia
En junio, el Ministerio de Justicia había informado mediante un comunicado el cierre de 81 CAJ en todo el país por “ineficientes” y determinando que “acumulaban empleados” “sin demostrar resultados”. El anuncio se oficializó ese mismo día mediante la Resolución 178/2024, la cual dispone “iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento” de los CAJ.
Estos lugares ofrecen a los más humildes la posibilidad de acceder a la justicia y de recibir asesoramiento legal y gratuito. “Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia”, explica el documento antes mencionado.
Según un informe elaborado por la Dirección de Acceso sólo entre 2020 y 2023 los CAJ recibieron 623.782 consultas. También, promovieron la representación legal gratuita de 3.561 personas, además de llevar adelante 20.511 mediaciones comunitarias.