Por Ailín Colombo
Susana Montoya, madre de un militante de H.I.J.O.S. de Córdoba, fue asesinada a golpes el pasado sábado 3 de agosto en su domicilio. Junto al cuerpo, encontraron en la cocina de la vivienda un mensajen similar a los que dejaba la Triple A durante el terrorismo de Estado que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. La mujer de 74 años fue esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Ricardo Fermín Albareda, desaparecido por la última dictadura militar. Su familia había recibido amenazas previas.
Su hijo, Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S., afirmó en una carta dirigida a sus compañeros de militancia que a su madre “le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello”. “Me destruyeron la esperanza de poder seguir en esa construcción y lazo familiar que tan bien me estaba haciendo. (...) Temo por mí, temo por mi familia, temo por mi hermano, temo por cada uno de nosotros”, se lamentó.
Así también Fernando brindó su testimonio en diversos medios en los que relató que, tras no poder comunicarse con su madre, se acercó a su domicilio y vio su cuerpo en el patio, por lo que llamó a la policía. Luego, se constató la muerte de Susana y la amenaza encontrada en la cocina.
Los familiares de Susana denunciaron que fueron amenazados. Previo al asesinato, la mujer recibía reiteradas llamabas en las que nadie respondía. Además, en diciembre pasado, tras la asunción de Javier Milei, Fernando encontró unos carteles con simbología nazi en su casa. “Sos hijo de terrorista”, “te vamos a mandar con tu papito”, se lee en los afiches. También estaban firmados por la policía.
¿Quién fue Ricardo Fermín Albareda?
El esposo de Susana, Ricardo Fermín Albareda, fue un subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En 1979, la patota D2, de la policía provincial, lo secuestró y desapareció. Se supo que pasó por el Centro Clandestino de Detención “El Embudo, Chalet de Hidráulica”, ubicado en la Ruta 38, a metros del Dique San Roque.
Preocupación y consternación
En un comunicado conjunto, los organismos de Derechos Humanos expresaron su consternación y preocupación por el hecho a la vez que exigieron justicia. “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son un peligro latente cuando pasan a la acción”, expresaron.
El crimen se dio en el marco de la reivindicación y el negacionismo del Terrorismo de Estado por parte de sectores reaccionarios relacionados al gobierno nacional. El hijo de Susana definió el atentado como un “cambio de época”, durante una entrevista al canal A24. No se registran casos de esta gravedad desde la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez en 2006.
Sin embargo, hay antecedentes recientes de escraches en lugares referentes a la Memoria y amenazas a militantes de derechos humanos, como las recibidas por la abogada de Madres Natalia Moyano en abril pasado o las intimidaciones a la activista Teresa Laborde Calvo, para que no de charlas en escuelas.
A principios de marzo fue atacada también Sabrina Bölke, hija de desaparecidos y militante de H.I.J.O.S, quien fue sorprendida en su casa por una patota que abusó de ella. Los atacantes dejaron escrita en la pared la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).
No sólo algunas de estas acciones son reivindicadas por grupos cercanos al gobierno (como las pintadas en el caso de Bolke), sino que existe un aval institucional a la violencia política. De boca de Javier Milei y Victoria Villarruel se ha escuchado que “no son 30 mil”, que los derechos humanos “son un curro” y que los militares “cometieron excesos”.
A esta negación del Terrorismo de Estado por parte del gobierno se suman gestos, como el del pasado 9 de julio, cuando permitieron la participación de “carapintadas” en la marcha militar por el Día de la Independencia. Asimismo, la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas presos por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza y Campo de Mayo.